Abogada demandó a la Personería ya que su modalidad de contrato era por prestación de servicios y ganó el pleito

El Consejo de Estado falló en contra de una entidad pública que tenia empleados contratados bajo la modalidad de prestación de servicios de manera ilimitada en el tiempo. Ahora el tribunal estableció que se debe tener una pausa entre un contrato y otro en un periodo de 30 días hábiles, esto quiere decir que se acaba la continuidad laboral bajo esta modalidad contractual.

Gloria Luz Manco, es la abogada demandante ante el Consejo de Estado y quien laboró en la Personería de Medellín, por casi siete años, desde el 2005 hasta el 2011, durante todo este periodo no tuvo ningún derecho como empleada.  

“El origen se da en unas contrataciones de prestación de servicios con la Personería de Medellín, desde el 29 de diciembre de 2005 hasta el 30 de diciembre de 2011. A mí me negaban absolutamente todos los derechos como empleada. Me hacían pagar la seguridad social por cuenta mía, que era elevada. No tenía derecho a ninguna prestación social, todo el mundo salía de vacaciones, no tenía primas, ninguna garantía laboral”, dijo Manco explicando el porqué de su denuncia.

La abogada dio a conocer ante el Consejo de Estado que, en la Personería de Medellín, la ponían a trabajar después de terminado su contrato estipulado en el papel un tiempo de quince días hasta hacerle su nuevo contrato, esto sucede muy a menudo en las entidades del estado.   

En otras palabras, regalaba su tiempo laborado en el espacio que no se le había elaborado su contrato en el papel.

Es importante que todas aquellas personas que trabajan bajo esta modalidad maquiavélica de contratación hagan jurisprudencia y denuncien de estar en la misma situación de la abogada demandante, para nadie es un secreto que, de tras de los contratos de prestación de servicios, lo que hay es una explotación laboral y vulneración de los derechos como trabajador.

El Consejo de Estado determinó lo siguiente

1) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable», al que alude el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor de la administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia.

2) La segunda regla establece un periodo de 30 días hábiles, entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

3) La tercera regla determina que, frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad Social en salud, por parte de la administración, es improcedente la devolución de los valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal.

Hablando Claro

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