Agente de tránsito pagará 8 años por 50.000 pesos: Injusticia?

Al ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales lo condenaron a cinco años de cárcel porque recibió un soborno de 6,5 millones de dólares para favorecer un contrato de Odebrecht.

Gustavo Moreno, ex fiscal anticorrupción, recibió cuatro años de prisión tras confesar haber participado en el llamado cartel de la toga, en el que les pedían multimillonarias cifras a los investigados a cambio de archivar sus procesos, en uno de los escándalos más graves en la historia de la justicia.

Alejandro Lyons se robó más de 150 mil millones de las regalías de Córdoba y se encuentra gozando de libertad amparado por estados Unidos.

A un policía de carreteras lo condenaron a ocho años de cárcel sin posibilidad de excarcelación por recibir 50.000 pesos. Mientras tanto, los responsables de multimillonarios sobornos disfrutan de privilegios en sus casas. El contraste generó un gran debate.

El caso, que se remonta al 2012, comenzó luego de que al parecer el agente le exigiera $100.000 a un conductor para agilizar un proceso de peritaje, esto luego de que el hombre se viera involucrado en un accidente de tránsito en el que se vio involucrada la integridad de un peatón. Los hechos tuvieron lugar en la vía que conduce de Neiva a Bogotá el 26 de julio de 2012.

Tal y como reseña Semana, el conductor habría entregado $50.000 como parte del dinero solicitado y posteriormente denunció el hecho ante las autoridades. Aunque el policía señaló que la denuncia se debía a una retaliación por la inmovilización del vehículo, fue retirado de su cargo y vinculado al proceso en el que hasta hace poco pudo defenderse en libertad. No hay certeza de quien tuvo la iniciativa del soborno debido a que no existen pruebas como grabaciones que den luces en el caso, solo la palabra de los implicados.

Muchas personas han considerado que el castigo es excesivo al considerar que el monto del ‘soborno’ no es en realidad una cuantía mayor, esto comparado con otros casos de corrupción en los que funcionarios públicos se han adueñado de millonarias cuantías en detrimento del patrimonio de la nación.