Camas vacías cuidados intensivos e intermedios: ¿Negocio redondo?

Por Hidalgo Millán

No es de extrañar que, en muchos centros hospitalarios, llámese públicos, privados o mixtos se diga que no hay capacidad para albergar personal en UCI por el Covid-19, aun cuando el Ministerio de Salud emitió una resolución que textualmente dice: “Por la cual se establecen los servicios y tecnologías en salud que integran las canastas para la atención del Coronavirus COVID-19 y se regula el pago del anticipo por disponibilidad de camas de cuidados intensivos e intermedios”.

A todo esto el ministerio lo que hizo fue dirigir estos dineros a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sus siglas ADRES, con el fin de que esta definiera los valores a pagar por cada cama desocupada en los diferentes entes del país.

Las entidades de Montería no se escapan ante este pago, causando a las entidades públicas de la ciudad un pago de mil trescientos cuarenta millones trescientos doce mil cero setenta y seis pesos ($1.340.312.076) y a las instituciones privadas por valor de catorce mil doscientos ochenta millones noventa y un mil trescientos treinta y ocho pesos ($14.280.091.338).

Mientras que el ministro Fernando Ruiz calificó la medida como una disposición “largamente esperada y solicitada por asociaciones de hospitales”, expertos como  Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, previeron la medida como un “incentivo perverso que va a causar negación de servicios, discriminación a los pacientes para atención en UCI.”

A lo que quiere decir que esto se prestaría para que se  niegue la atención de camas UCI en las entidades a las personas que lo requieran.

Datos tomados portal Cuestión Pública