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«Montelíbano -Córdoba, el Único municipio de Colombia donde el alcalde está impedido  contratar por orden judicial”

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Le pegamos una mirada al municipio de Montelíbano, queríamos saber cómo marchaba en su primer mes de mandato en su nueva administración a la cabeza de Gabriel Calle Demoya, tierra del Clan calle, en donde todo el que no compagine con sus pensamientos e ideas es amenazado con presidencia. Tierra donde el actual alcalde habla de corrupción pero es investigado por ese delito.

Esto escribe Juan Martín Demier y nos da vía para iniciar una investigación en donde esperamos el apoyo de la prensa a nivel Nacional. 

Por Juan Martín Demier

En el municipio de Montelíbano, departamento de Córdoba, sucede lo que solo sucede en Colombia, su alcalde GABRIEL CALLE DEMOYA, alfil político del presidente Gustavo Petro y padre del actual presidente de la cámara de representante ANDRÉS CALLE y del diputado GABRIEL ENRIQUE CALLE, está impedido para contratar por una medida de aseguramiento en su contra.

Para hablar del tema es necesario ir al primer mandato del señor Calle DeMoya en Montelíbano quien durante la vigencia 2012 – 2015 siendo alcalde municipal suscribió más de 50 convenios Inter administrativos con la empresa de servicios públicos domiciliarios JAGUAZUL SA ESP mediante una novedosa y amañada forma de contratación que desviaba los recursos públicos del municipio para ser ejecutados por dicha empresa sin el lleno de los requisitos legales y violando la ley de contratación pública en Colombia. Cabe anotar que durante este tiempo, el gerente de JAGUAZUL era nada más y nada menos que el señor JAIME RUIZ CALLE, sobrino del alcalde. El resto es historia.

Debido a lo anterior, y luego de iniciadas las investigaciones por parte de la Fiscalía de la Nacional Anticorrupción de Bogotá, el señor Calle y su sobrino fueron CAPTURADOS y puestos a disposición de un juez de control de garantías de la ciudad de Montería y quien, al resolver sobre la solicitud de medida de aseguramiento en contra del señor Gabriel Calle Demoya, resolvió imponer la “prohibición para firmar convenios y contratos Inter administrativos mientras dure el proceso”, ósea que a la fecha y luego de un mes de su posesión, el señor alcalde no ha podido firmar un solo contrato en favor de la ejecución de recursos públicos en Montelíbano – Córdoba.

Cabe señalar que, dentro de las principales funciones de los alcaldes acorde a la ley 136 de 1994 está la de contratar la inversión de recursos públicos en sus municipios y ser el ordenador del gasto en ellos, función que no está siendo cumplida a la fecha.

Vale la pena preguntarse, ¿no es un contrasentido que la ley permita ser alcalde a quien no puede cumplir sus funciones ¿Puede ser alcalde quien esté en juicio penal por corrupción en contra de la contratación estatal? ¿Se protege el erario público en estos casos? Las respuestas las dará el tiempo.

Indagaremos con entendidos en la materia y en una próxima edición daremos a conocer el concepto del mismo y tener claro las consecuencias en materia de progreso e inversión a la que pueda estar sujeto el municipio de Montelíbano.