“La pandemia no disminuyó la violencia contra los líderes y lideresas “MOE

Este es un informe presentado por medio de un comunicado dirigido a los líderes sociales de todo el país, no es nada fácil vivir en un territorio en donde la libertad de pensamiento no es tolerada, en donde ejercer control social te pone como carne de cañón para los violentos. Ser líder en Colombia es un oficio de alto riesgo.

● Los departamentos de Cauca, Norte de Santander y Antioquia concentraron el mayor número de afectaciones violentas contra los liderazgos.

● El 61% de los asesinatos registrados por la MOE se dieron en los territorios PDET.

● Es necesario abordar esquemas de protección colectiva con enfoques diferenciales de género, étnicos y geográficos que permitan atender la difícil situación de violencia que viven nuestros líderes. Bogotá, 24 de marzo de 2021. Durante el 2020, la Misión de Observación Electoral – MOE - desde su observatorio Político-electoral registró 563 hechos de violencia contra los liderazgos políticos, sociales y comunales en todo el territorio nacional. Esto representa un aumento en los registros en un 70% en comparación con 2018 y del 2% frente a 2019.

Para la MOE estas cifras resultan preocupantes, pues son evidencia del aumento acelerado en los patrones de violencia. Esta situación debe ser señal de alarma para las autoridades, de cara a los procesos electorales del 2022, ya que la MOE ha sido enfática en la existencia de una relación entre la violencia contra los liderazgos y los hitos del calendario electoral.

 Ahora bien, durante el 2020, 167 líderes fueron asesinados, un 32,5% más que en 2019. Los más afectados fueron los liderazgos sociales y comunales, frente a los cuales los homicidios incrementaron en un 80% y 50% respectivamente, en relación con el año anterior. No obstante, las amenazas fueron la agresión más reiterativa del año, con un total de 326 casos.

Los ataques contra la vida de los líderes se concentraron en los departamentos de Cauca, Norte de Santander y Antioquia. Asimismo, la violencia se recrudeció significativamente durante el segundo semestre del año en los departamentos de La Guajira, Chocó y Nariño. Por lo que se requiere de la intervención urgente de autoridades del distinto orden territorial para proteger la vida de los líderes y lideresas en todo el país.

Sobre las regiones en las que se aplicaron los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET, se registraron 268 hechos violentos durante el 2020. En Colombia hay 16 de estas regiones priorizadas y en todas hubo hechos de violencia. En estos territorios ocurrieron 102 asesinatos, es decir que concentran el 61% de las muertes violentas en el país. Al respecto, Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE señaló que “En estas zonas, los embates del conflicto y la débil presencia del Estado se combinan con diversos grupos o intereses que buscan el control de las mismas, quedando en medio distintos líderes que trabajan para proteger su territorio”.

1 los liderazgos sociales son quienes sufrieron más afectaciones durante el año, con un 58% de los hechos registrados (324). “Es decir, de cada 10 líderes agredidos durante el 2020 en Colombia, aproximadamente 6 fueron sociales. Ese año también representó un aumento en la letalidad de las agresiones, pues el número de asesinatos contra estos se incrementó en un 80%, al pasar de 61 asesinatos en 2019, a 110 en 2020. Así mismo, los atentados incrementaron en un 70%. Este contexto evidencia patrones de accionar violento, que más allá de disuadir el accionar de los líderes sociales por medio de intimidaciones, buscan silenciar su voz”, señaló Pamela San Martín, Coordinadora de la investigación.

 Al hacer una revisión al componente étnico de las afectaciones a este tipo de liderazgo, los departamentos de Cauca, Chocó y La Guajira concentraron el 67% del total de las agresiones contra líderes afro e indígenas. Los liderazgos indígenas fueron los más afectados, con 90 agresiones en su contra. La letalidad de las agresiones perpetradas en su contra se concentró en el segundo semestre del año, pues en comparación con el primer semestre aumentaron en un 78,6%.

Los líderes políticos fueron el segundo tipo de liderazgo más afectado en el 2020, pues concentraron el 30% de los hechos, con 170 vulneraciones. Este es un aumento del 50,4% respecto de 2018. Para Diego Rubiano, Subcoordinador del Observatorio a cargo de la investigación, “esto demuestra que los hitos electorales ya no son la única razón para agredir a las personas que buscan un protagonismo en escenarios electorales o que están en algún cargo público de elección popular”.

 De igual modo, se destacan particularmente los hechos de violencia que se presentaron específicamente contra funcionarios locales electos, pues en comparación con el 2019, las agresiones incrementaron en un 138%, al pasar de 42 a 100 víctimas. Con respecto a los líderes comunales, en el 2020 se presentaron un total de 69 hechos de violencia, que representan un aumento del 38% de las afectaciones registradas en el 2019. Es de destacarse que el 68% de las agresiones en su contra fueron letales (39 asesinatos, 8 atentados). Para la MOE es alarmante el ascenso constante en el número de hechos letales contra lideresas, que se incrementaron en un 67% en los últimos tres años.

Sobre esto Alejandra Barrios expresó que: “Los municipios con mayor número de hechos violentos de género, tienden a presentar mayor cantidad de afectaciones contra lideresas. Esto demuestra que el hecho de ser mujer, incide en gran medida en que las lideresas sean violentadas”. Las agresiones en contra de los liderazgos LGBTI también han ido en aumento, al pasar de una agresión en 2018, a 3 en 2019, y a 7 en 2020. Para la MOE es fundamental visibilizar la situación y alertar sobre la urgencia de adoptar medidas diferenciales, encaminadas a garantizar el óptimo desarrollo de estos liderazgos.

2 ante este contexto, es necesario repensar los mecanismos de protección que están siendo empleados sobre los diferentes liderazgos, a fin de encontrar alternativas viables que generen una mayor efectividad. Por esto, para San Martín, “sería positivo transitar hacia la protección colectiva, complementaria a la individual, que permita hacer más eficientes las acciones y los recursos empleados. Adicionalmente, es necesario fortalecer la aplicación de enfoques diferenciales, que atiendan las condiciones de género, étnicas y geográficas de quienes requieren protección. De esta manera se logrará atender de mejor forma los fenómenos de violencia hacia los liderazgos que acechan al país.”.

HOMBRES Y MUJERES AL SERVICIO DE LA DEMOCRACIA

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