La semana pasada la @CIDH adelantó su visita in loco a Colombia con el objetivo de observar los impactos de la violencia en los derechos humanos. Entre los hallazgos se evidenciaron hechos graves hacia la prensa, así como una impunidad sistemática originada por la falta de diligencia en las investigaciones.
Particularmente llamó la atención la situación que enfrentan los y las periodistas que ejercen su labor en las regiones donde persisten los conflictos entre grupos armados. Hechos de violencia que ejercen presiones sobre la línea editorial de los medios y conllevan en muchos casos a la autocensura.
El comisionado @JoseLCaballero, relator para Colombia, señaló la utilización de expresiones estigmatizantes como un vector de violencia: “Se observa una hostilidad hacia la prensa desde vocerías oficiales a nivel nacional, departamental y local”.
Asimismo, @PVacaV, relator especial para la libertad de expresión, recordó que los funcionarios públicos asumen una serie de deberes frente a la democracia y el debate público, razón por la cual resulta importante que reconozcan la importancia y respalden la labor que hacen los y las periodistas.
Sin embargo, y contrario a este principio, el aumento de agresiones por parte de funcionarios públicos ha aumentado en los últimos años. En el 2023, según documentamos, los funcionarios públicos fueron los principales agresores contra la prensa, con un total de 122 ataques, por encima de los grupos armados.
Resulta prioritario que este diagnóstico sea atendido por el presidente @petrogustavo y por su Gobierno. El presidente tiene la responsabilidad de proteger y promover la libertad de prensa, así como garantizar un entorno seguro para que los y las periodistas puedan llevar a cabo su trabajo de manera independiente.
En los últimos 18 meses cinco periodistas han sido asesinados en zonas donde persiste un clima de violencia para la prensa, y en ningún caso ha habido una reacción oportuna y contundente por parte de @infopresidencia que adopte medidas de prevención y protección.
Adicionalmente, el presidente @petrogustavo, ha utilizado de manera habitual su red social X para enviar mensajes estigmatizantes en los que responsabiliza a un sector de la prensa de impulsar un “golpe blando” en su contra, de “decir mentiras” y “llenar de odio a la gente”.
Estos mensajes cobran especial relevancia porque se mezclan y hacen parte de la convocatoria a marchar que está haciendo el presidente en respaldo a su Gobierno, el próximo 1° de mayo. Hay que recordar que las manifestaciones son un escenario de altísimo riesgo para el cubrimiento periodístico.
Aunque @petrogustavo en ocasiones ha querido justificar que se trata de contrarrestar información falsa sobre sus políticas y de defender a su Gobierno, lo cierto es que hay suficiente evidencia de que sus mensajes también tienen otros propósitos. Además, tienen efectos sobre la percepción pública de la credibilidad de los medios y el entorno general para el trabajo periodístico.
En este contexto, y como también señaló el relator especial, @PVacaV, resulta fundamental que el Estado abra espacios de diálogo con la prensa y las organizaciones que los representan para conversar sobre las garantías para el periodismo.